Félix Gracia y Enrique Cebrián: ‘Reconocerse en Emilio Gastón’

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«¿De verdad el acto central de la institución y el Día del Justicia tiene que consistir cada año en una ofrenda floral ante el monumento de un Justicia del siglo XVI?»

Los miembros de la Asociación Federalistas de Aragón Félix Gracia -administrador civil del Estado- y Enrique Cebrián -profesor de Constitucional de la Universidad de Zaragoza- suscriben este artículo en ‘El Periódico de Aragón’ que reproducimos debajo:

«En fechas próximas está previsto que las Cortes de Aragón lleven a cabo el nombramiento de la magistrada doña Concepción Gimeno como nueva titular de la institución del Justicia de Aragón. Será la primera mujer en acceder al Justiciazgo y variadas y múltiples son las voces que alaban su destacada competencia profesional, por lo que todo parece indicar que su elección constituye un acierto. Sería deseable –no sabemos si se está a tiempo– buscar un consenso amplio para su designación, que refuerce a la institución y a su nueva titular.

Dado que en estos días de enero se cumplen seis años de la muerte de Emilio Gastón, creemos necesario recordar su persona y la destacada labor que desarrolló a lo largo de su vida en favor de un Aragón libre y democrático y, en especial, su desempeño como primer Justicia de Aragón en la etapa autonómica. El 12 de diciembre de 1987, en Tarazona, Emilio Gastón juraba su cargo, tras obtener el respaldo unánime de todos los grupos políticos del parlamento autonómico.

Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, en sus diferentes Propuestas para el Buen Gobierno y la Buena Administración remitidas a las Cortes de Aragón al inicio de cada legislatura, se incluyen medidas destinadas a reforzar la institución del Justicia, proponiendo dotarlo de mayores facultades jurídicas para la realización de sus funciones. El Justicia Dolado ha demostrado que se puede ensanchar la institución, renovarla y conectarla con la ciudadanía sin necesidad de cambios normativos. Pero el necesario refuerzo de su labor de promoción de los derechos de la ciudadanía y, en particular, la garantía del derecho a una buena administración y a la buena regulación justificarían un cambio de su ley reguladora.

El Justicia de Aragón actual es una institución autonómica contemporánea, que encuentra su razón de ser en un régimen democrático y descentralizado, como el previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, destinada a la garantía de los derechos de los ciudadanos. Posee –nadie lo duda– evidentes raíces históricas que explican su importancia en la estructura institucional de la comunidad autónoma y la atribución de dos funciones de las que carecen los otros defensores del pueblo: la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del Estatuto. Es decir, defiende nuestra norma institucional básica y tutela nuestro derecho, que desde hace más de cuarenta años está conformado por las leyes de las Cortes de Aragón y los reglamentos del Gobierno de Aragón. El derecho aragonés no es hoy solamente la junta de parientes, sino también la ley Cloud aprobada el pasado año. La institución debiera volcarse en asegurar una buena administración y una buena regulación, pues ambas han de redundar en la deseable garantía de los derechos.

La condición de la institución como mediadora entre ciudadanos y administraciones debiera plasmarse en iniciativas que potencien una ciudadanía activa y crítica, configurando una «Escuela de Ciudadanía», como siempre quiso Emilio Gastón, y un foro de permanente mejora del quehacer de las administraciones, mediante un Aula de Buena Administración, dirigida al conjunto de los servidores públicos. Como defensora de los derechos de los aragoneses, y sin abandonar otros frentes imprescindibles, la Justicia Gimeno puede tener en los derechos digitales –una materia en la que ya se ha comenzado a trabajar– un interesante campo de actuación.

Nos parece también muy importante actualizar la institución en un sentido simbólico. Conocemos y valoramos el peso histórico de la figura, especialmente de Juan de Lanuza el Mozo. ¿Pero de verdad el acto central de la institución y el Día del Justicia tiene que consistir cada año en una ofrenda floral ante el monumento de un Justicia del siglo XVI? ¿No podría también conmemorarse aquel 12 de diciembre, en el que arrancó la institución que hoy disfrutamos, haciendo un reconocimiento más de Gastón que de Lanuza? ¿No podría celebrarse –más allá de los ensueños de naftalina– el 27 de junio, fecha en la que en 1985 las Cortes de Aragón aprobaron la Ley del Justicia? Son ideas que quizás la futura titular de la institución pueda valorar, sabiendo que bajo su mandato se cumplirá el cuarenta aniversario de ambos acontecimientos. Puede ser una buena oportunidad.

En definitiva, si la gran mayoría de los aragoneses reconocemos a Emilio Gastón como la persona que encarnó la institución del Justicia de Aragón, con toda su carga de utopía democrática, creemos igualmente deseable que dicha institución y los sucesivos titulares de la misma no dejen nunca de reconocerse también en la figura de Emilio Gastón como defensor de Aragón en todas sus facetas públicas: abogado, diputado y, sobre todo, Justicia».

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